Crítica a la convocatoria nacional para la Bienal de Venecia ¿Qué se puede esperar de un burro, si no una patada?

La reciente convocatoria nacional para seleccionar a los artistas o colectivos que representarán a la Argentina en la próxima Bienal de Venecia ha despertado una profunda preocupación en el ámbito cultural. Entre los requisitos establecidos, se destaca uno especialmente alarmante: la exigencia de que los artistas cuenten con presupuesto propio y/o financiamiento privado para la producción y montaje de la obra.

Este criterio, bajo el argumento de garantizar la “factibilidad” del proyecto, introduce un sesgo estructural que reproduce la desigualdad y discrimina de forma directa a los artistas sin acceso a recursos económicos o redes de financiamiento privado. En lugar de fomentar la diversidad de voces y expresiones que caracterizan la vitalidad cultural argentina, esta condición limita la participación a quienes ya cuentan con capital económico o respaldo institucional, convirtiendo una oportunidad pública en un privilegio de pocos.

Históricamente, la participación argentina en la Bienal de Venecia ha sido sostenida por el Estado, entendiendo que la representación cultural en ese espacio internacional no puede depender de la capacidad adquisitiva de los artistas, sino de la calidad, pertinencia y potencia simbólica de sus obras. Este nuevo enfoque —que traslada la responsabilidad financiera a los creadores— contradice el principio de acceso equitativo a la cultura y al reconocimiento artístico, principios consagrados en políticas culturales públicas y en el propio sentido de la representación nacional.

Más allá de una cuestión presupuestaria, se trata de una definición política: el Estado elige retirarse de su rol de garante y promotor de la cultura, para delegar en el mercado la validación y sostenibilidad de los proyectos. Esta lógica no sólo vacía de sentido el concepto de “pabellón nacional”, sino que erosiona el tejido cultural al precarizar las condiciones de producción simbólica.

El desfinanciamiento sistemático de la cultura —bajo distintos argumentos de “eficiencia”, “autogestión” o “reducción del gasto”— no es neutral ni circunstancial: es un gesto ideológico que desarma los espacios de creación, experimentación y crítica. En este caso, la exigencia económica impuesta a los artistas representa una forma de exclusión encubierta, una manera de decir que sólo pueden representar al país quienes puedan pagarlo.

Defender la cultura implica también defender las condiciones materiales de su posibilidad. Exigir a los artistas que financien su propia participación en la Bienal de Venecia es negar el carácter público, común y colectivo de la creación artística, reduciéndola a una transacción privada. En nombre de la “factibilidad”, se clausura la imaginación.